Los despidos y la reforma laboral

Los sindicatos calculan que, viendo los anuncios y los planes de las grandes empresas españolas, a lo largo del primer semestre del año se perderán unos 50.000 puestos de trabajo en aplicación de expedientes de regulación de empleo (ERE). Además de estos despidos se producirán reducciones salariales y de jornada laboral en una cuantía imposible de calcular en estos momentos.

stop-ere1 (1)El sector financiero, con Bankia a la cabeza, Iberia y Vodafone son los casos más importantes. Después vendrán más empresas del sector público, como Telemadrid. Las perspectivas son coherentes con lo que pasó el año pasado: hasta octubre se presentaron el 70% más de ERE que en el mismo periodo del año anterior y afectaron-entre despidos y regulaciones-374773 personas, el 53,4% más.

La misma evolución de la economía, tan negativa, y las expectativas que había levantado entre los empresarios la reforma laboral del Gobierno del PP explican este incremento tan notable de los expedientes. Una de las grandes novedades de la reforma es la derogación del permiso administrativo previo para sacar adelante un ERE, una vieja reclamación de la patronal. Pero, como era de esperar, la no intervención administrativa en la primera fase ha traído un incremento del arbitraje, las consultas y la mediación de la autoridad laboral a posteriori. Y también un incremento notable de los casos que llegan a los tribunales, donde los abogados de las empresas no han obtenido los resultados que esperaban.

Se quejan de que los magistrados se siguen pronunciando a favor de los trabajadores. De estas quejas han nacido las peticiones para que el Gobierno vuelva a modificar la ley. Una de las peticiones más antiguas de la patronal consiste en reducir la discrecionalidad de los magistrados, algo que en principio se había conseguido con la reforma, que acota y precisa mucho más las causas económicas de los despidos objetivos. Sin embargo, los letrados, que rechazan haber calculado mal los efectos de la reforma, denuncian inseguridad jurídica ante los tribunales.

Habrá que ver si el Gobierno accede a reducir el margen de interpretación de los jueces, que suelen rechazar los ERE con argumentos como documentación insuficiente, vulneración del derecho a la negociación colectiva y la omisión de requisitos formales, o permite que la ley tenga su rodaje y madure.

Fuente: El Periódico de Catalunya

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